En acta 06 del 25 de octubre de 2022 la Junta directiva – Organo de adminsitración del Colegio se aprobó la Adopción del Plan de políticas de transparencia y ética de la Corporación, que partir de la expedición de la Ley 2195 de 2022, las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) en Colombia por parte de las entidades obligadas a contar con un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE o el Programa) para la prevención y gestión de los riesgos de corrupción y/o soborno transnacional.
Programa de ética empresarial en el cual se desarrollaran todos los procedimientos específicos a cargo del Colegiado de Ética, encaminados a poner en funcionamiento las políticas de cumplimiento, con el fin de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de lavados de activos, de soborno, así como otros que se relacionen con cualquier acto de corrupción que pueda afectar a la Corporación Colegiada.
La CORPORACIÓN COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA se encuentra avanzando en la discusión, revisión y establecimiento de una política general para la adecuada gestión del riesgo de Lavado de activos, Narcotráfico, Financiación del Terrorismo y Contrabando (en adelante “LA/FT”) a los que puede estar expuesta la entidad, con sus recursos propios y como beneficiaria de donaciones y apoyos en dinero y en especie para el desarrollo de nuestro objetivo institucional. El estudio y adopción de tal marco deberá hacerse en cumplimiento a las regulaciones nacionales en materia de administración de riesgo de LA/FT, y observando las recomendaciones Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su versión más reciente sobre la materia.
La Corporación avanza en el fomento de una cultura frente a la administración del riesgo de LA/FT, alineándolo con el proceso de planeación estratégica y definición de objetivos y actividades meritorias. Ello implicará el diseño de lineamientos más estrictos para el desarrollo, seguimiento y monitoreo de operaciones de la Corporación, y la administración ética y transparente de los recursos que no provengan de nómina de los miembros, o respondan a entidades que brinden apoyos y/o donaciones para el desarrollo de nuestras actividades misionales meritorias.
Los Colegiados como integrantes de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación son conocedores de los principios en que se funda el Código de ética judicial iberoamericano, por lo tanto se les insta a acatar cada una de las recomendaciones del citado código y de los principios deontológicos propuestos en nuestra Ley Estatutaria de Administración de Justicia -Ley 270 de 1996- , en El estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación – Ley 938 de 2004- y El Código General Disciplinario – Ley 1952 de 2019-.